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Nicaragua: Oposición declara "inexistente" la reelección de Ortega |
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Viernes 04 de Diciembre de 2009 15:09 |
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El Nuevo Herald.
 Diputados opositores aprobaron una resolución que declara "inexistente" una sentencia emitida en octubre por magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia que allana el camino a una reelección del presidente Daniel Ortega.
La resolución fue aprobada con el voto de 46 diputados opositores y 33 votos de legisladores sandinistas en una maratónica sesión parlamentaria en la que se reafirmó además "la competencia exclusiva" del legislativo para reformar la Constitución.
Los diputados Miriam Argüello, conservadora, y Agustín Jarquín, social demócrata, aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se abstuvieron.
El pasado 19 de octubre seis magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema declararon inaplicable una norma constitucional que prohíbe a Ortega aspirar a la reelección.
Las próximas elecciones presidenciales y de diputados están programadas para finales del 2011 y será hasta la inscripción de candidatos en que se sabrá si Ortega decide o no tratar de reelegirse.
En caso que lo haga, corresponderá al Consejo Supremo Electoral (CSE) decidir si acepta la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema o la resolución adoptada por el legislativo.
El actual presidente del CSE, Roberto Rivas, declaró en octubre que la resolución de la Corte estaba "escrita en piedra" y era de ineludible cumplimiento.
Sin embargo, su cargo, que se vence el próximo año, ha sido cuestionado por la oposición que lo considera proclive a Ortega, luego del fraude en los comicios municipales de noviembre del año pasado.
Leonel Teller, vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que la oposición lucha por "una recomposición del CSE" y busca relevar a Rivas y a todo el andamiaje del organismo que dirige.
En la misma sesión fue aprobada una Ley de Equidad Fiscal que aumenta de diversas formas una serie de impuestos a la renta y los ahorros (10 por ciento), entre otros, en un afán del gobierno por cerrar la brecha presupuestaria surgida de la suspensión de la ayuda de Estados Unidos y Europa a causa del fraude en los comicios municipales de noviembre pasado. 
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